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C&W Business y Microsoft unen esfuerzos para apoyar a las medianas empresas en su recuperación económica

Fuente: Redacción El Capital Financiero.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son el motor de crecimiento, innovación y desarrollo de Panamá: componen el 97% del parque empresarial y generan en su conjunto arriba del 45% de los empleos en el país.

Sin embargo, no es un secreto que las medidas de contención del COVID golpearon particularmente a este segmento, del cual depende el bienestar de millones de panameños.

Así pues, para que la recuperación económica sea inclusiva y no deje a nadie atrás, C&W Business selló una alianza con la empresa tecnológica Microsoft para apoyar al segmento de medianas empresas en su transformación digital.https://elcapitalfinanciero.com/_ad_helper_leaderboard_incontent.php

Gracias a la tecnología, podrán reaccionar, dar continuidad a sus operaciones, reinventarse y desarrollar negocios en medio de los actuales desafíos, lo antes posible y al menor costo.

“Nos encontramos en un momento muy particular donde el acompañamiento a las empresas es elemental para subsistir. Nos caracterizamos por brindar soporte y las mejores facilidades y soluciones a la mano y estas serán las herramientas para impulsar los negocios a través de la tecnología como motor de innovación y transformación hacia el futuro. Estamos complacidos de caminar junto a Microsoft en esta renovación digital que anticipa grandes resultados y les permitirá a las medianas empresas crecer y ganar rentabilidad en sus negocios”, sostuvo Danilo Fernandes, Director Senior de Negocios Comerciales de C&W Business.

Tecnología de punta al alcance de todos

La alianza pone en las manos de las empresas de mediano porte panameñas la tecnología de punta que hasta antes sólo estaba al alcance de las grandes corporaciones. Gracias a esta oferta conjunta, los empresarios del país podrán tener acceso a paquetes desde $89.95 para 5 usuarios que le permitirán reinventar la forma de trabajar, Chatee, llame, organice reuniones online y colabore en tiempo real, ya sea que trabaje de forma remota o en las instalaciones de su empresa.

Obtenga una solución integrada con Microsoft Teams, almacenamiento en la nube de OneDrive y aplicaciones de Microsoft Office con opciones de seguridad avanzada y todo sobre la red más rápida y confiable de la región.

Esta alianza toma parte de la estrategia de Microsoft para trabajar en pro de la recuperación económica de Panamá. “En Microsoft estamos comprometidos con la recuperación económica inclusiva de nuestro país. Hemos colocado a las pequeñas y medianas empresas en el corazón de nuestras estrategias para asegurar que su trayectoria sea rápida y exitosa ante los nuevos retos del mercado. Nos enorgullece estar estableciendo esta iniciativa con C&W Business para acercarnos aún más a los panameños y empoderarlos para que puedan lograr más y aprovechar las oportunidades de una economía cada vez más digita.” afirmó Milenne Martin, Gerente País para Microsoft Panamá.

Esta oferta hace posible que las empresas panameñas puedan ponerse a tono con una economía cada vez más digital y detonar la innovación.

Gracias a las plataformas digitales, accederán a una solución integrada de aplicaciones diseñadas para el aumento de la productividad, el trabajo colaborativo y una comunicación sin barreras, todo bajo un estándar alto de seguridad y privacidad que requiere proteger uno de los activos más valiosos de las empresas hoy en día: los datos.

C&W Business ofrecerá la plataforma de Microsoft 365 un programa diseñado para ayudar a mejorar la productividad con las aplicaciones innovadoras de Office, servicios inteligentes en la nube y seguridad de primer nivel.

Las empresas tendrán acceso a herramientas como Booking, Microsoft Teams, Microsoft Forms, Microsoft Defender (complementos de seguridad), Microsoft Apps for Business (en planes Microsoft 365 Planes Business) y planes Microsoft 365 Enterprise para empresas más grandes.

Asimismo, la solución moderna de productividad de la nube cuenta con altos estándares de seguridad que les permitirán a estas empresas mantener el control de sus datos y documentos, añadiendo soluciones adicionales de protección contra ciberataques externos sofisticados ocultos en archivos adjuntos y enlaces de correo electrónico, así como ataques de suplantación de identidad, ransomware y otros intentos de malware avanzado.

Las empresas interesadas en estos servicios pueden obtener información en la página web business.cwpanama.com o bien al correo BusinessDevelopment@cwpanama.com donde les guiarán para entender las necesidades y ofrecerle el paquete que más se ajuste a sus requerimientos.

Conozca en qué consiste la extensión del acuerdo bancario para reestructurar los créditos

Por: Katiuska Hernández. Reportera Martes Financiero.

Quienes tengan créditos modificados en alivio financiero y su situación siga afectada, tendrán hasta el 30 de septiembre para negociar con los bancos una reestructuración y nuevas condiciones de pago.

Los créditos modificados y en alivio financiero podrán ser renegociados mediante acuerdos entre los bancos y sus clientes hasta el 30 de septiembre, dado que la Superintendencia de Bancos emitió una resolución con nuevos lineamientos para permitir la reestructuración de créditos de los deudores que tengan restricción temporal debido a la pandemia.

En un comunicado la Superintendencia de Bancos explica que estas medidas permiten a las entidades bancarias acordar la reestructuración de los créditos, requiriendo, a su vez, la participación activa de tales deudores.

En tal sentido, detalla que los deudores tendrán que acudir a los bancos, sustentar por escrito su situación económica o la restricción temporal de liquidez (la cual deberá estar documentada en los expedientes de crédito de los bancos), y formalizarse la reestructuración de su préstamo.

La superintendencia de bancos aclara que este beneficio estará vigente para aquellos deudores que no hayan aun contactado a la entidad bancaria, o que no hayan formalizado una reestructuración debido a su actual situación financiera, y también a los deudores con créditos modificados que por su situación financiera requieren nuevamente reestructurar sus obligaciones.

Detalla el comunicado que el período para formalizar la reestructuración bajo las nuevas medidas contenidas en la Resolución SBP-GJD-0004-2021, comprenderá desde el uno (1) de julio hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

De acuerdo con la viabilidad financiera del deudor, y sujeto al cumplimiento de las condiciones y demás disposiciones establecidas en la mencionada Resolución, el banco podrá contemplar como parte de las opciones de solución, el aplazamiento de los pagos o periodos de gracia, entre otras.

“El plan de pagos que se pacte en las reestructuraciones podrá considerar un plazo más allá del 31 de diciembre de 2021, sujeto a lo que establezca la regulación para cada tipo de préstamo y a la viabilidad financiera de cada deudor”

Aquellos deudores que reestructuren sus créditos bajo lo dispuesto en la Resolución, y siempre que se mantengan cumpliendo con lo pactado, se beneficiarán de las siguientes medidas:

1. Estarán exentos de la ejecución de los bienes muebles e inmuebles que sirven como garantía de tales créditos.

2. Estarán exentos de la actualización del avalúo (en los casos de créditos garantizados con bienes inmuebles).

Respecto a los historiales de crédito, los bancos reportarán a las agencias de información de datos, los historiales de las obligaciones reestructuradas, conforme lo dispuesto en la Ley No. 195 de 31 de diciembre de 2020.

Las disposiciones de la Resolución SBP-GJD-0004-2021 no podrán ser interpretadas por las entidades bancarias ni por los deudores como periodos de gracia automáticos, es decir, sin que el cliente se contacte con la entidad bancaria y formalice su reestructuración.

Piden a la Corte Suprema la separación del juez Arnulfo Ávila de Bocas del Toro

Fuente: Redacción La Estrella de Panamá.

Por haber infringido un sinnúmero de disposiciones legales fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia el juez de garantías Arnulfo Ávila, quien desempeña funciones en la jurisdicción de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Esta querella, presentada recientemente por el abogado José Abel Almengor, guarda relación con el caso de la herencia de Alejandro Miranda, mejor conocido como Don Molina, un conocido empresario bocatoreño quien murió el 28 de junio de 2020 por covid-19.

Resulta que, luego de la muerte del emprendedor, la personera Yoiris Villarreal abrió un expediente contra tres hijas (Alexandra, Carolina y Jeniffer Miranda Samudio) y un yerno de Don Molina por el supuesto delito contra la libertad, en la modalidad de violación domiciliaria, a pesar de que las herederas legítimas acreditaron que contaban con llaves de la residencia que había facilitado su progenitor cuando este aún se hallaba con vida.

La personera precisó que las hermanas Miranda Samudio también cometieron un presunto perjuicio en contra de Rebeca Correa Villalta, quien se jacta de ser la “cónyuge” de Don Molina, a pesar de que nunca contrajeron nupcias oficialmente y, además, no existe resolución judicial que señale tal parentesco.

Rebeca Correa Villalta es sobrina de Alba Villalta, jueza oral en Changuinola y colega del denunciado juzgador Arnulfo Ávila. Durante la audiencia de imputación, celebrada el pasado 26 de mayo del presente año mediante tecnología virtual, el juez Ávila no se atrevió a procesar a las hijas de Don Molina, pues no existía ningún mérito para tal acción, pero acusó, sin explicación lógica alguna, al ciudadano panameño Kassem Fares, esposo desde hace más de 15 años de Carolina Miranda, una de las hijas legítimas de Don Molina.

Según la queja, el juez Ávila “desbordó los deberes” que indica la ley, “toda vez que hizo referencia y aconsejó [a la parte acusadora] sobre temas que le estaban vedados, puesto que no fueron expuestos por las partes” durante la audiencia de imputación.

Aunque el juez Ávila no acusó, como se esperaba, a las hijas de Don Molina, la denuncia del abogado Almengor indicó, no obstante, que el juzgador en mención incurrió en franco ejercicio de abuso de autoridad y extralimitación en el ejercicio de sus funciones públicas, ya que “aconsejó, recomendó e ilustró a la audiencia sobre la presunta concurrencia de tipos penales diferentes, jamás abordados en el acto de audiencia”.

En alegatos que se adjuntan a la denuncia, las tres hijas de Don Molina mostraron su desazón porque el juez Ávila insistía en denominar a Rebeca Correa Villalta como “madrastra” de ellas.

“Nuestro progenitor jamás permitió que otra persona, ni por parte de mi madre ni por parte de él, ocuparan o trataran de involucrarse en la crianza de sus hijos y, mucho menos, a una mujer que solo servía para llenar las necesidades fisiológicas de nuestro padre, al igual que otras varias mujeres que mantenían relaciones furtivas e informales con Don Molina”, subrayaron las tres hermanas.

La Cámara Opina: Decisiones responsables para seguir adelante

Preparado Por: Redacción del Capital Financiero.
Jean Pierre Leignadier
Presidente
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

En más de una ocasión la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha insistido que tanto los subsidios como las medidas de asistencia social deben ser dimensionadas y revisadas en el tiempo para poder determinar y evaluar su efectividad y su impacto.

Durante el último año, la pandemia del COVID-19 llevó al Gobierno Nacional a tomar decisiones de cara a apoyar a una población que se vio obligada a confinarse en sus hogares y a la que se le impuso restricciones de movilidad, al igual que empresas se vieron forzadas a cerrar operaciones y suspender a trabajadores por uno de los periodos de tiempo más largos en la región.

Entre las medidas de apoyo tomadas por el Gobierno Nacional, se dictaron disposiciones obligatorias de moratoria sobre los servicios públicos.

Este auxilio si bien ha ayudado a distintos sectores, también ha afectado el flujo de las empresas como las distribuidoras de electricidad, que han cargado con todo el peso de la moratoria sin un inexplicable apoyo del gobierno.

Más aún, conociendo del impacto que crea la moratoria en las empresas y pese a la obtención de financiamientos en los mercados internacionales, la administración gubernamental no ha dado prioridad al reembolso del subsidio energético existente que les corresponde; al tiempo que, persiste el retraso en el pago del servicio de energía eléctrica de las instituciones públicas, profundizando el problema.

En otras palabras, estamos frente a una ruptura de la cadena de pago del sistema, con las implicaciones que eso conlleva para todas las empresas que mantienen estructuras de financiamiento internacionales, sujetas a la revisión de las calificadoras de riesgo que apenas hace un mes lanzaron advertencias sobre el riesgo país.

Después de un confinamiento y cierre de actividades económicas que han dejado la economía golpeada y justo cuando el país se embarca hacia una apertura sostenida que lleve a una reactivación económica y recuperación de empleos, es difícil entender el actuar de las autoridades frente a la situación de las empresas de servicios públicos más aun siendo el Estado accionista de muchas de ellas.

Como país hemos acudido a un endeudamiento histórico, se espera que estos fondos sean canalizados con prioridad hacia las necesidades estructurales y no a gastos de funcionamiento no esenciales, los cuales deben revisarse y reducirse cuanto antes.

La confiabilidad del suministro de energía es parte de esas prioridades estructurales y un componente crítico de la recuperación económica que no podemos dejar sin atender.

Conep solicita al Presidente vetar proyecto que regula la educación privada y advierte que se violenta la seguridad jurídica

Preparado por: Redacción del Capital Financiero. Violeta Villar Liste.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, el veto del Proyecto de Ley 508, “Que regula y establece medidas en materia de educación en los Centros Educativos y se modifican algunos artículos de la Ley Orgánica de Educación”.

De igual modo, en comunicado público difundido este domingo 14 de marzo, el gremio señala que esta solicitud responde al mayor interés “de dejar sentada nuestra posición sobre la defensa de uno de los principios fundamentales de nuestro modelo económico; específicamente el ejercicio de la libre empresa y la protección de la seguridad jurídica en el país”.

Cabe recordar que el proyecto 508 ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional.

El Conep describe que este proyecto “considera simetrías económicas inexistentes, define porcentajes (%) de descuento de manera antojadiza sin conocer las estructuras de costos y gastos de los diferentes centros de educación particular”.

Advierte que la aprobación de estos artículos “crearía un antecedente nefasto con la intervención en una relación de carácter privado entre las partes y violentando de manera específica la seguridad jurídica de la inversión privada, componente significativo de la competitividad de un país”.

De igual modo, resalta que “la intervención de un órgano del Estado en las políticas económicas de las empresas educativas, viola el Principio de la Libre Empresa, consagrado en el artículo 298 de la Constitución Política Nacional, el Principio de la Libertad Contractual contenido en el artículo 1106 del Código Civil, lo que delimita los actos de los ciudadanos particulares”.

Advierte que en este sentido la aprobación del proyecto, “sería un detonante desfavorable para la inversión privada, no solo limitando la existente, sino también cerrando las puertas a la inversión privada local y extranjera futura, de todos conocidos como una de los elementos que nos puede ayudar a salir de la actual crisis en el país”.

Solicitan al presidente Cortizo Cohen trabajar en equipo “para salir adelante de esta crisis global, especialmente en el sector educativo nacional, para que no sea víctima de un proyecto cuyo debate no tomó en cuenta las observaciones de forma y fondo que se le señalaron al Proyecto de Ley”.

El Conep, al respecto, “manifiesta su preocupación ante el riesgo que representa una clara intervención del poder legislativo en asuntos que son de carácter privado entre las partes en función de la oferta y la demanda en un mercado de libre competencia”.

De igual modo, pide reflexionar sobre “la compleja situación en la cual se encuentra el país como resultado de una desaceleración en los años previos al 2020, y los efectos directos de la pandemia COVID-19, que todavía estamos y no hemos podido superar”.