Preparado Por: Redacción del Capital Financiero.
Jean Pierre Leignadier
Presidente
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
En más de una ocasión la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha insistido que tanto los subsidios como las medidas de asistencia social deben ser dimensionadas y revisadas en el tiempo para poder determinar y evaluar su efectividad y su impacto.
Durante el último año, la pandemia del COVID-19 llevó al Gobierno Nacional a tomar decisiones de cara a apoyar a una población que se vio obligada a confinarse en sus hogares y a la que se le impuso restricciones de movilidad, al igual que empresas se vieron forzadas a cerrar operaciones y suspender a trabajadores por uno de los periodos de tiempo más largos en la región.
Entre las medidas de apoyo tomadas por el Gobierno Nacional, se dictaron disposiciones obligatorias de moratoria sobre los servicios públicos.
Este auxilio si bien ha ayudado a distintos sectores, también ha afectado el flujo de las empresas como las distribuidoras de electricidad, que han cargado con todo el peso de la moratoria sin un inexplicable apoyo del gobierno.
Más aún, conociendo del impacto que crea la moratoria en las empresas y pese a la obtención de financiamientos en los mercados internacionales, la administración gubernamental no ha dado prioridad al reembolso del subsidio energético existente que les corresponde; al tiempo que, persiste el retraso en el pago del servicio de energía eléctrica de las instituciones públicas, profundizando el problema.
En otras palabras, estamos frente a una ruptura de la cadena de pago del sistema, con las implicaciones que eso conlleva para todas las empresas que mantienen estructuras de financiamiento internacionales, sujetas a la revisión de las calificadoras de riesgo que apenas hace un mes lanzaron advertencias sobre el riesgo país.
Después de un confinamiento y cierre de actividades económicas que han dejado la economía golpeada y justo cuando el país se embarca hacia una apertura sostenida que lleve a una reactivación económica y recuperación de empleos, es difícil entender el actuar de las autoridades frente a la situación de las empresas de servicios públicos más aun siendo el Estado accionista de muchas de ellas.
Como país hemos acudido a un endeudamiento histórico, se espera que estos fondos sean canalizados con prioridad hacia las necesidades estructurales y no a gastos de funcionamiento no esenciales, los cuales deben revisarse y reducirse cuanto antes.
La confiabilidad del suministro de energía es parte de esas prioridades estructurales y un componente crítico de la recuperación económica que no podemos dejar sin atender.
