Fuente: Redacción La Estrella de Panamá.

Por haber infringido un sinnúmero de disposiciones legales fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia el juez de garantías Arnulfo Ávila, quien desempeña funciones en la jurisdicción de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Esta querella, presentada recientemente por el abogado José Abel Almengor, guarda relación con el caso de la herencia de Alejandro Miranda, mejor conocido como Don Molina, un conocido empresario bocatoreño quien murió el 28 de junio de 2020 por covid-19.

Resulta que, luego de la muerte del emprendedor, la personera Yoiris Villarreal abrió un expediente contra tres hijas (Alexandra, Carolina y Jeniffer Miranda Samudio) y un yerno de Don Molina por el supuesto delito contra la libertad, en la modalidad de violación domiciliaria, a pesar de que las herederas legítimas acreditaron que contaban con llaves de la residencia que había facilitado su progenitor cuando este aún se hallaba con vida.

La personera precisó que las hermanas Miranda Samudio también cometieron un presunto perjuicio en contra de Rebeca Correa Villalta, quien se jacta de ser la “cónyuge” de Don Molina, a pesar de que nunca contrajeron nupcias oficialmente y, además, no existe resolución judicial que señale tal parentesco.

Rebeca Correa Villalta es sobrina de Alba Villalta, jueza oral en Changuinola y colega del denunciado juzgador Arnulfo Ávila. Durante la audiencia de imputación, celebrada el pasado 26 de mayo del presente año mediante tecnología virtual, el juez Ávila no se atrevió a procesar a las hijas de Don Molina, pues no existía ningún mérito para tal acción, pero acusó, sin explicación lógica alguna, al ciudadano panameño Kassem Fares, esposo desde hace más de 15 años de Carolina Miranda, una de las hijas legítimas de Don Molina.

Según la queja, el juez Ávila “desbordó los deberes” que indica la ley, “toda vez que hizo referencia y aconsejó [a la parte acusadora] sobre temas que le estaban vedados, puesto que no fueron expuestos por las partes” durante la audiencia de imputación.

Aunque el juez Ávila no acusó, como se esperaba, a las hijas de Don Molina, la denuncia del abogado Almengor indicó, no obstante, que el juzgador en mención incurrió en franco ejercicio de abuso de autoridad y extralimitación en el ejercicio de sus funciones públicas, ya que “aconsejó, recomendó e ilustró a la audiencia sobre la presunta concurrencia de tipos penales diferentes, jamás abordados en el acto de audiencia”.

En alegatos que se adjuntan a la denuncia, las tres hijas de Don Molina mostraron su desazón porque el juez Ávila insistía en denominar a Rebeca Correa Villalta como “madrastra” de ellas.

“Nuestro progenitor jamás permitió que otra persona, ni por parte de mi madre ni por parte de él, ocuparan o trataran de involucrarse en la crianza de sus hijos y, mucho menos, a una mujer que solo servía para llenar las necesidades fisiológicas de nuestro padre, al igual que otras varias mujeres que mantenían relaciones furtivas e informales con Don Molina”, subrayaron las tres hermanas.